La senadora por A Coruña, María Jesús Sáinz, subraya la necesidad de modificar la Ley de Planta y Demarcación para favorecer la creación de juzgados de violencia de género de ámbito comarcal en Galicia

Los populares en el Senado piden al Gobierno central que exima de tributación en el IRPF las ayudas a las víctimas de la violencia de género

• Según Paula Prado, “no es de recibo que a día de hoy las víctimas de la violencia de género vivan también un calvario económico”

• Sáinz indicó que desde el Senado solicita al Gobierno central que apruebe la calificación profesional de Promoción de Igualdad de oportunidades y realice modificaciones legales que permitan la igualdad de la titularidad compartida sobre las explotaciones agrarias

• Para Sáinz, “la igualdad entre hombres si mujeres es la piedra angular del principio de no discriminación y por ese motivo tiene que ser una prioridad política y tenemos que trabajar para establecer todos los mecanismos que contribuyan a conseguirlo”

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2010.- La senadora por A Coruña, María Jesús Sáinz, anunció hoy que el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta solicita que el Gobierno central exima de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas económicas a las mujeres víctimas de la violencia de género, tanto las percibidas de la Administración central como de las autonómicas.

En este sentido, Sáinz recordó que hay otras prestaciones sobre las que el Gobierno central sí dispuso la exención, como son las ayudas por el virus de inmunodeficiencia, por actos de terrorismo o por desnudo. Por eso, indicó la necesidad de que se modifique el régimen fiscal de las ayudas por la violencia de género ya que responden a motivos de política social dirigidas a mujeres maltratadas con escasos recursos e inhabilitadas para acceder en condiciones normales al trabajo. Como indicó la portavoz de Justicia e Igualdad del PPdeG, “no es de recibo que a día de hoy las víctimas de la violencia de género vivan también un calvario económico”.

Asimismo, la popular afirmó también que los populares en el Senado van a solicitar la modificación de la Ley de Planta y Demarcación para favorecer la creación de juzgados de violencia de género de ámbito comarcal en Galicia, en aquellas ciudades donde no se cumplen los ratios de litigiosidad exigidas por el Consejo General del Poder Judicial. Con respecto a esto, Sáinz recordó cómo se fue demandando al Gobierno central a creación de juzgados específicos sobre la mujer en Lugo, Ourense, Santiago, Pontevedra y Ferrol sin que este lo llevara a cabo a pesar de que en el caso de Santiago sí había prometido que se crearía en el 2009.

Por otra parte, María Jesús Sáinz hizo alusión la otras dos mociones que el Grupo Popular en el Senado le hace al Gobierno central, como pedir que apruebe, mediante el Consejo General de formación Profesional a calificación profesional de Promoción de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y establezca la puesta en marcha de la oferta formativa de título y certificado de profesionalidad que lo acredite. La otra petición, según Sáinz, es la de que el Ejecutivo central realice las modificaciones legales precisas que permitan el desarrollo en igualdad de la titularidad compartida sobre las explotaciones agrarias.

PREGUNTAS Al GOBIERNO CENTRAL

Según Sáinz, “la igualdad entre hombres si mujeres es la piedra angular del principio de no discriminación y por ese motivo tiene que ser una prioridad política y tenemos que trabajar para establecer todos los mecanismos que contribuyan a conseguirlo”.

Así, fieles la esta filosofía, los populares en el Senado también presentaron preguntas escritas al Gobierno central cuestionando por qué sólo hay 370 policías en las Unidades de Policía Autonómica en Galicia, que son los organismos que se encargan de la protección a las mujeres víctimas de los maltratos, cuando en el catálogo hay 500 vacantes. Otras preguntas cuestionan el funcionamiento de las pulseras telemáticas, denuncian que el Gobierno central no realizara modificaciones legales para cumplir el acuerdo de reducir la edad jubilación de las rederas, incluidas en el Régimen Especial del Mar y solicitan que se explique por qué las Comunidades Autónomas no tienen acceso al registro de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

Para Sáinz, “el tema de la violencia de género es sangrante” y “no podemos quedarnos sólo en palabras”. Así lo considera también Paula Prado, quien hizo hincapié en que las políticas sociales hay que ponerlas en marcha también desde las Comunidades Autónomas y sus organismos.

Compartir en: